A- de 2023

En este caso encontró la Corte que existen tres autoridades judiciales involucradas: (i) el Consejo de Estado –Sección Tercera, Subsección A–, que declaró su falta de competencia con base en las normas del Decreto 333 de 2021; (ii) el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que consideró que el asunto era competencia del Tribunal Especial para la Paz, de acuerdo con el artículo transitorio 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo 1.5 del Decreto 333 de 2021; y (iii) la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, que estimó que no era competente para resolver el amparo objeto de estudio, toda vez que la accionante no lo dirigió en contra de alguno de los órganos que integran la JEP, o de las providencias judiciales que los mismos hayan proferido.

Concluyó la Sala Plena de la Corporación que sólo se presentó en este asunto un conflicto aparente y que la autoridad competente para resolver la solicitud de amparo es el Consejo de Estado –Sección Tercera, Subsección A-, a donde se remitió el expediente para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

Se hace una advertencia a dicha Corporación para que, en lo sucesivo, observe la jurisprudencia constitucional sobre conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, relacionadas con el alcance de las normas de reparto.

De otra parte, se advirtió al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal para que, en lo sucesivo, antes de declarar su falta de competencia por el factor subjetivo, se cerciore de cuáles son las autoridades efectivamente demandadas, atendiendo a lo expuesto en esta providencia sobre el factor subjetivo al tratarse de órganos de la JEP.